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Uso del Posnet: Informe del Asesor Tributario del ColProBA

  • Interes General - 13 de abril de 2018

En el día de la fecha ha sido publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina (N° 33.573), la Resolución General 3997-E, dictada por la AFIP, por la cual se extiende de manera masiva la obligación de aceptar, como medios de pago, las transferencias de pago instrumentadas mediante tarjetas de débito, tarjetas prepagas no bancarias u otros medios equivalentes.

1. ANTECEDENTES DE LA CUESTIÓN

La resolución en cuestión se enmarca en las medidas tendientes a la formalización de la economía y utilización de medios de pago que permitan su trazabilidad. En este sentido, no resulta novedosa la imposición de la obligatoriedad de aceptar tarjetas, carga que se encuentra vigente desde el año 2001, pero que ha sido objeto de dispares acciones de fiscalización por parte del organismo recaudador.

Así, mediante el decreto de necesidad y urgencia 1387/2001 del 1 de noviembre de 2001, se establecieron una serie de medidas de diversa naturalezas, entre ellas, algunas tendientes a profundizar la anhelada bancarización de la economía. Ello, de consuno con los objetivos esgrimidos de aminorar la evasión tributaria, por un lado, y aumentar la recaudación por la vía del recientemente implementado impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, por el otro.

En este marco, mediante los arts. 47 a 49 del citado decreto, se estableció un régimen de devolución de una parte del Impuesto al Valor Agregado, recaudado como consecuencia de la utilización del sistema de tarjetas débito, a favor de los consumidores finales que emplearan este medio de pago en la adquisición de bienes y servicios.

Por su parte, el art. 47 establece lo siguiente:

“Los contribuyentes que realicen en forma habitual la venta de cosas muebles para consumo final o presten servicios de consumo masivo, deberán aceptar como medio de pago, transferencias bancarias instrumentadas mediante tarjetas de débito (…)”

De esta manera, mediante el decreto citado se modifica el régimen de extinción de las obligaciones establecidos en el Código Civil, y se impone ahora la obligatoriedad de aceptar, como medio de pago y cancelación válido, a las transferencias bancarias instrumentadas mediante el uso de la Tarjeta de Débito.

Por su parte, mediante el art. 4 de la Resolución General Nº 1166/2001 de la AFP, se estableció un cronograma progresivo para el uso obligatorio de este medio de pago, venciendo la última de las etapas el 1 de junio de 2002.

2. LA NUEVA RESOLUCIÓN 3997-E

El pasado 8 de junio de 2016, se sancionó la ley 27.253, por la cual se establece un régimen acotado de devolución del IVA a aquellos consumidores finales que se encuentren en ciertas situaciones de vulnerabilidad y/o que seas prestatarios de beneficios sociales.

Esta ley nuevamente impone la obligación de aceptación de determinados medios de pagos. Así, mediante su art. 10, dispone que:

“Los contribuyentes que realicen en forma habitual la venta de cosas muebles para consumo final, presten servicios de consumo masivo, realicen obras o efectúen locaciones de cosas muebles, deberán aceptar como medio de pago transferencias bancarias instrumentadas mediante tarjetas de débito, tarjetas prepagas no bancarias u otros medios que el Poder Ejecutivo nacional considere equivalentes (…)”

Como se aprecia, la nueva ley reproduce en similares términos la obligación que había sido impuesta por el DNU 1387/2001.

En consonancia con la Ley 27.253, la Resolución 3779-E de la AFIP establece un nuevo cronograma a observar a los efectos de concertar nuevamente la obligatoriedad de aceptar las transferencias de pago instrumentadas mediante tarjetas de débito, tarjetas prepagas no bancarias u otros medios de pago equivalentes.

Por último, cabe remarcar que solo se considerará cumplida la obligación cuando los dispositivos implementados por el contribuyente a fin de aceptar los medios de pago puedan ser efectivamente utilizados en la totalidad de las operaciones que realicen. El incumplimiento de esta obligación puede aparejar la imposición de las sanciones de clausura de 3 a 10 días, y multa de $ 300 a $ 30.000.

3. INAPLICABILIDAD DE LA OBLIGACIÓN RESPECTO DE ABOGADOS Y PROCURADORES

Ahora bien, a los efectos de analizar la procedencia de la aplicación de este régimen al ámbito de los abogados, encuentro un elemento insalvable que obsta a su extensión a estos profesionales, como parece pretender la AFIP.

Tanto en el decreto 1387/2001 como en la Ley 27.253, claramente se establece la utilización obligatoria de este mecanismo de pago para los casos de contribuyentes que realicen venta de cosas muebles para consumo final o prestación de servicios.

Excluyendo a los abogados del supuesto de venta de cosas muebles, solo les resulta aplicable el caso de la prestación de servicios. Aún en este último caso, debe hacerse notar que la norma prevé un supuesto especial, estableciendo que debe tratarse de servicios de consumo masivo.

Existe en la disposición una lógica clara: la utilización de la tarjeta de débito resultará obligatoria para aquellos contribuyentes que realizan operaciones con consumidores finales, y en condiciones de ofertas de bienes y servicios de carácter general, público y masivo.

Estos son caracteres que no están presente per se en el caso de los abogados. Estos profesionales prestan un servicio especial, específico, y que de ninguna manera puede calificarse de masivo. Los servicios del abogado derivan del estudio, conocimiento y aplicación de los principios de una ciencia particular, para el asesoramiento o resolución de casos concretos que son traídos de manera especial por sujetos que requieren de dichos servicios.

El desarrollo de la profesión requiere además una especial preparación y dedicación a cada caso particular, que no resulta compatible con el concepto de servicio masivo al que refiere la norma. Cada caso sometido a la consulta de un particular está revestido de sus particulares características y circunstancias de hecho que hacen a su inexorable tratamiento individual. Y esto se profundiza en aquellos asuntos de orden judicial.

Tampoco se puede determinar claramente que los servicios de los abogados sean siempre dirigidos a consumidores finales, lo que obsta a la aplicación de la lógica que trata de aprehender la norma.

Por último, la norma crea una clara desigualdad y desventaja en perjuicio de los profesionales monotributistas, puesto que permite a los abogados responsables inscriptos –los de mayores ingresos- computarse el costo que les insuma adoptar el sistema de que se trate, por el monto que a tal efecto autorice la autoridad de aplicación, como crédito fiscal; beneficio jurídicamente imposible para los restantes tipos de contribuyentes.

Para finalizar, y sin perjuicio de lo anterior, se concluye de lo expuesto que el régimen instaurado por la Ley 27.253, el Decreto 858/2016 y la Resolución 3997-E; que imponen la obligatoriedad del uso del sistema de tarjeta de débito como medio de pago no resulta de aplicación a los abogados y procuradores, por no resultar estos oferentes de servicios de tipo masivos.

Dr. Mariano Federico Anna

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